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Nuestra Realidad sin Tapujos

| El manejo bancario y financiero | La Clase Dominante | Los Grupos Económicos | Legitimidad del liderazgo | La Discriminación ante la justicia | La Discriminación en la Educación | La Industria | Los Monocultivos | El Abandono del Campo | La Falta de Infraestructura para competir en un mundo globalizado |

 

El Sistema

Sombras y luces sobre un paraíso perdido por no utilizar nuestro raciocinio

Declaración:

Todos los conceptos emitidos aquí, son reflexiones del autor, tomadas de la vivencia diaria a lo largo de 60 años, asumiendo la responsabilidad por los mismos, pero con una salvedad, que la finalidad de estos documentos, no es acusar o señalar a las entidades o personas aqui mencionadas, la idea es la de ubicar la causa de los males en el tiempo para encontrar una solución, con el fin de que nuestros descendientes tengan un país mejor.

Resumen: Los descendientes de esos primeros terratenientes, cuyas familias por tradición tenían un político, un militar y un cura en la familia, aseguraron su estabilidad económica con la posibilidad de impulsar, recomendar o conocer anticipadamente las desiciones del Estado, dandoles la oportunidad para adquirir a bajo precio propiedades que futuramente se valorizarián con caminos, construcciones o simplemente salir de ellas anticipadamente y no salir perjudicados.

NIcolás Esguerra, Aquileo Parra y Miguel Samper Agudelo

Por otra parte, al tener recursos económicos, sus hijos podian estudiar en el exterior, de forma que al terminar sus estudios, obligatoriamente eran los designados para competir por los puestos de poder en las regiones y así seguir con una carrera política que los podía llevar a cualquier cargo en la nación, es el caso de la Familia Samper que era dueña de la Electrificadoea de Bogotá, la Familia López, propietaria del Banco de Bogotá, los Caicedo en el Valle, etc..

Con el paso del tiempo, muchas de esas fortunas familiares se fortalecieron y en algunos casos, prefirieron seguir en el sector privado, pero consiguiendo quien los representara en el gobierno, financiando sus campañas políticas, con el compromiso de devolver la inversión, pagando con favores políticos, contratos o prebendas que significaban ingresos que aumentaron la fortuna de esos gamonales políticos.

Colombia era un país rural, compuesto de minifundios, que eran pequeñas parcelas que mantenian la población rural con un relativo buen nivel de vida, pero esos herederos privilegiados con estudios en el exterior, visualizaron la oportunidad de ampliar sus fortunas y con el argumento de la calidad de vida en las ciudades, convencian a los campesinos para que les vendieran sus tierras a bajo precio para emigrar a las ciudades en busca de las comodidades que no tenían en sus parcelas, así comenzaron a nacer los primeros latifundios, pero para los que no se dejaron encandilar con esos cantos de sirena, el poder político se utilizó para fustigar o para perseguirlos a nombre de sus afectos políticos con el fin de apoderarse de sus propiedades, aprovechando inclusive la época de la violencia para obligar a vender (el famoso dicho "o vende o le compramos a la viuda"), por medio de los famosos "Chusmeros" que asesinaban sin compasión, hechandole la culpa a la violencia política, pero en realidad era un modo de apoderarse de pequeñas parcelas que conformarían las grandes haciendas que hoy constituyen los monocultivos.

Esas familias de los gamonales se aliaron con prósperos comerciantes para crecer en sus negocios, convirtiendose en empresas más grandes, como sus integrantes viajaban al exterior, fueron copiando los modelos implantados en Europa y Estados Unidos, interviniendo en las decisiones del Estado para que soltara el manejo financiero y de esta manera comenzaron a apoderarse de empresas, inicialmente en forma fraudulenta, abusando de los recursos captados legalmente, pero dilapidados en malos manejos financieros, causando las primeras crisis financieras (vease Felix Correa Amaya y el Grupo Colombia), que fue a la cárcel por esos malos manejos, pero enseñó el camino para que otros empresarios hicieran lo mismo, el hecho es que se fueron uniendo para darle paso a los grupos económicos que hoy dominan nuestra economía, ellos manipularon las leyes para acceder al control financiero de los dineros públicos y a controlar el sistema financiero colombiano.

En un movimiento que es legal para ellos, (es ilegal si lo hacen otros, ver parapolítica), pero ellos financian sus candidatos a los cargos públicos, en todas las ramas del poder, seleccionan sus candidatos y con su influencia llegaron a tener el control total de las decisiones del Estado, para muestra, está el pirrico triunfo de los estudiantes con la septima papeleta que dió paso a la constituyente de 1.991.

Inmediatamente, el poder económico se movió para asegurar su participación en la elaboración del articulado de la nueva constitución, aprovechando su influencia y poder económico, lo que parecía que iba a ser una liberación para toda la comunidad, al final resulto en una mayor concentración del poder para los grupos económicos que ya se posicionaban.

A la sombra de la nueva constitución, se apoderaron de los dineros de las prestaciones sociales (Ley 50 de 1.990), privatizaron la Salud (Ley 100 de 1.993), se apoderaron de los servicios comunes que no sean domiciliares (mataderos, plazas de mercado, generación eléctrica, etc., con la Ley 142 y 143 de 1.994).

Con esos capitales financiaron sus empresas, apoderándose en utilidades de una buena parte del PIB, con esos dineros, establecieron un tejido que les brinda información privilegiada para los negocios, además qué, cómo dominaron la mayor parte de los medios de información, con eso controlan lo que la gran comunidad llega a saber de sus movimientos, todo ésto revestido de la mayor legalidad posible, pero con una contundencia total, hecho que quedó demostrado con la derrota de las mafias que intentaron disputarles el poder en los años 90, la muerte del Dr. Alvaro Gómez Hurtado quien como estadista y candidato probo a la Presidencia de la República, los señalaba como los causantes de nuestros males, el encarcelamiento con extradición incluida de David Murcia, lider del famoso grupo DMG que intentó disputarles su poderío financiero y lo más reciente, la barrera que le colocaron lagalmente para evitar la muy posible 2ª reelección del Presidente Uribe Velez, atizando a través de los medios de comunicación el antagonismo entre las Cortes Suprema de Justicia y la Corte Constitucional contra el Ejecutivo, estigmatizando y persiguiendo sus aliados, acusandolos de prevaricato y malos manejos, todo con el fin de asegurar la opinión pública en contra del mencionado expresidente.

El Sistema no tiene una cabeza visible, no es nadie en especial, es todo el conglomerado de capitales que regentan nuestra economía, quienes nos reparten sus pérdidas cuando las tuvieron, pero que invierten sus utilidades en el exterior ante la mirada impavida de nuestros dirigentes, que en realidad considero que son marionetas manipuladas con una llamada telefonica desde un apartamento en Nueva York o desde una playa en la Costa del Sol.

Un poco de Historia: Durante toda nuestra história hemos mantenido ese mismo concepto y como referencia central, tenemos con la mal llamada patria boba, que inició con la disputa entre Santander y Bolivar, el uno con ideas liberales asimiladas de la reciente "Revolución Francesa", que aunque pensaba que la mejor forma de mandar era el Centralismo, para tener una Nación fuerte, con protección para la producción y totalmente opuesto a las ideas del libre cambio que promovía Inglaterra (con el fin de apoderarse de estas tierras) y el otro aferrado a su condición de burgues, que aunque no era "Chapeton", descendía de poderosos terratenientes que predominaban en las provincias, por eso defendió el Federalismo para que ellos conservaran sus privilegios, dejandole al Estado Central el manejo de la moneda y de los impuestos nacionales, Bolivar defendía el concepto del "Poder del Pueblo" con un liderazgo fuerte y justificado, el otro asumía "La República" donde predominaban las leyes y un senado deliberante, que eran diseñadas y emitidas por quienes ejercián el poder, justificados en su tradición y poder económico para solicitar el voto de su "Pueblo".

Colombia tuvo muchos años de guerra y disputa entre los dos partidos predominantes: el liberal y el conservador, esto sumado a una constitución de Rionegro que promulgaba estados independientes que llegaban a tener más poder que el gobierno central de Colombia. Los Estados Unidos de Colombia como se llamaba el país en aquella época, en 25 años de estar promulgada vio pasar más de 50 guerras civiles.

La Constitución Política de Colombia de 1886 fue la Carta Política Nacional que rigió la vida constitucional de Colombia desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX cuando fue derogada por la Constitución de 1991. Nació en el marco de la llamada Regeneración liderada por el presidente Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, de quienes se dice fueron los principales autores de la Constitución.

Esta a su vez derogó la Constitución de 1863. Tuvo dos reformas importantes: la de 1910 después del gobierno progresista del presidente Rafael Reyes y la reforma de 1936 liderada por el presidente Alfonso López Pumarejo que se destacó por su progresismo y políticas favorables para la clase obrera. Otras reformas significativas se dieron en los años 1905, 1954, 1957, 1958, 1968 y 1984. La Constitución fue proclamada el 5 de agosto de 1886; abolió el federalismo, creó un Estado unitario, administrador en lo social y económico, sumamente confesional al considerar como religión oficial la Católica, dividió el poder en tres ramas (legislativa, ejecutiva y judicial), estableció el periodo presidencial en seis años y creó los departamentos como forma administrativa territorial nacional.

  • Esta constitución tuvo gran apogeo porque le devolvió los derechos constitucionales a más de la mitad de los ciudadanos del país, los liberales le habían quitado todo derecho a la Iglesia y mediante las nuevas medidas se devolvió el poder a los miembros de la iglesia.
  • Esta constitución creía más en el orden, es decir, por esto se debe que Colombia sea llamada República de Colombia, pues una república es el principal poder tanto económico, como político y militar, a diferencia de estados independientes que luchan por el poder entre sí y que tienen sus mismos ejércitos, peligrando la integridad del estado.
  • Tal era la rivalidad e independencia de los estados que había algunos de estos con bandera propia, pudiendo en cualquier momento iniciar una guerra cívica peor que las otras cincuenta que había presenciado el país.
  • En el aspecto político tuvieron presencia de menos conflictos, y hubo períodos en los cuales la paz se instauró, cosa que no hubiera sido posible con la anterior constitución de Rionegro.
  • Convirtió al país en un ejemplo de ultra-conservatismo que hizo que cosas como el divorcio o muchas libertades fundamentales que otros países ya poseían, Colombia las obtuviera sólo hasta mediados del siglo XX.

En el nombre de esos conceptos hemos visto correr la sangre de nuestros "paisanos" durante más de dos siglos, con diferentes nombres, (Federalistas y Centralistas, Artesanos y Librecambistas, Liberales y Coservadores) pero siempre, aferrados a esos dos conceptos básicos, nos enfrascamos en una lucha fratricida en la guerra de los mil días que terminó con la intervención oportunista de Estados Unidos que propició la separación de Panamá.

Todavía recibimos reflejos de las consecuencias de la violencia que se generó a raíz de la hegemonía conservadora a finales de los años 40 y que fue detonada con el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1.948, desde esa tarde, se puede decir que en Colombia no hemos podido vivir en Paz.

El pueblo celebraba la caída del poder de Gómez (hegemonía conservadora). Todos apoyaban el nuevo gobierno con la ilusión de acabar la violencia que había cobrado furor en 1948, luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, un caudillo muy popular entre la clase obrera y quien en principio militaba en el Partido Liberal Colombiano. Todas las esperanzas estaban puestas en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla; este empezó por enviar militares a recuperar las propiedades que habían sido abandonadas por latifundistas en su huida de la violencia, todos estos se dirigían a las grandes ciudades. La respuesta que encontró por parte de los campesinos armados fue la llamada a la reforma agraria.

Las obras que desarrolló Rojas durante su administración, reflejaban su interés por mejorar las condiciones de grandes sectores de la población colombiana; se destacaron las obras de infraestructura, vías de comunicación, escuelas, colegios, y aeropuertos. Cuenta también la creación del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); el Centro Administrativo Nacional (CAN); el club Militar y la construcción del Observatorio Astronómico. Además, introdujo e inauguró la televisión en Colombia con programación educativa, automatizó la telefonía en el campo y la ciudad. Llevó a cabo la terminación del ferrocarril del Atlántico, construyó el Aeropuerto Internacional El Dorado. Todos estos proyectos llevaban a Colombia al desarrollo gradual; pero sin lugar a duda uno de los aportes más importantes de Rojas fue el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer. Por medio del Acto Legislativo número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente del 25 de agosto de 1954 se le concedió a la mujer el derecho a la participación y al sufragio.

En un intento por poner fin a la violencia que tenía sacudida cada rincón de Colombia, Rojas Pinilla concedió una amnistía a todos los campesinos armados, y respondió a su reivindicación de reforma agraria con la creación de la Oficina de Rehabilitación y Asistencia. Aunque, en realidad, esta oficina no sirvió mucho para solucionar el problema, sí consiguió suscitar la sospecha en la élite Liberal y Conservadora de que Rojas Pinilla pudiera estar utilizándola para aumentar el apoyo popular. En junio de 1954, Rojas Pinilla amplió la amnistía a aquellos reclusos encarcelados por actos de terrorismo en nombre del régimen de Gómez. En 1955 tuvo que responder con una ofensiva militar contra los campesinos que después de obtener su libertad habían retomado las armas, se produjo lo que hoy se conoce como la Guerra de Villarrica. La cual se llevó a cabo en el Tolima, contra grupos de autodefensa - convertidos luego en las FARC. Las élites conservadora y liberal no esperaron para dar como culpable del incremento de la violencia a Rojas. Después de esto, uno de los grandes errores que cometió Rojas fue pretender perpetuarse en el poder, separándose del apoyo inicial de los políticos, por este hecho en mayo de 1957 se presentó un paro general en el cual se manifestaba el no deseo por parte del pueblo de que Rojas fuera su próximo mandatario para el periodo presidencial que comprendía los años 1958 a 1962; aunque en realidad este paro fue influenciado en gran parte por los partidos políticos ante la posibilidad de perder por completo su poder. Debido a esto, y varios escándalos acumulados a lo largo de su gobierno en los que se vieron seriamente involucrados el Ejército Nacional y otros organismos de seguridad del Estado, como la represión en la Plaza de toros La Santamaría de Bogotá en febrero de 1956 o la explosión de una caravana militar que llevaba explosivos en la ciudad de Cali, presionaron a Gustavo Rojas Pinilla a presentar su renuncia.

El gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla evolucionó en una dictadura populista y en un tercer partido capaz de desplazar a los dos tradicionales. Este hecho, unido al deseo de terminar con la violencia fratricida generada por la polarización bipartidista en Colombia, unió a los dirigentes de los dos partidos tradicionales liberal y conservador para buscar una solución común a los problemas. El liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez firmaron el pacto de Benidorm el 24 de julio de 1956 para dar inicio al Frente Nacional en el cual los partidos se turnarían la presidencia y se repartirían la burocracia a los diferentes niveles de gobierno en partes iguales hasta 1974, es decir cuatro períodos presidenciales: dos liberales y dos conservadores. El que empezó con este mandato fue Alberto Lleras Camargo de 1958 a 1962

Tras la caída de Rojas, una Junta Militar asumió el poder durante un período de transición que se extendió del 10 de mayo de 1957 al 7 de agosto de 1958. Durante este período, el 1 de diciembre de 1957, se realizó un plebiscito popular con el cual los colombianos aceptaron el concepto del Frente Nacional.

Las estructuras políticas del Frente Nacional fueron concebidas inicialmente para ejercer durante 16 años, los cuales correspondían por partido, a dos periodos presidenciales, pero en 1968 se estipuló que el sistema no sería cortado radicalmente, sino que paulatinamente sería eliminado. La competencia electoral libre se volvería a restablecer en 1974, y el requerimiento de compartir los puestos públicos de ejecutivo terminaría en 1978. Sin embargo, la reforma estipulaba, que el partido ganador debía ceder cierto grado de poder, al partido perdedor. Como resultado esta fórmula de coalición se prolongó hasta 1986, cuando el presidente liberal Virgilio Barco, después de ofrecer una participación demasiado insignificante para el partido opositor, regresó a la administración unipartídista.

Los diálogos entre los líderes conservadores y liberales para calmar los odios y diferencias fueron preparando el camino para la formación del Frente Nacional. Primero fue el Pacto de Benidorm, el 24 de julio de 1956, entre Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, en donde reconocieron la responsabilidad compartida en la decadencia de la democracia y empezaron a buscar la fórmula igualitaria. A éste le siguió el pacto de marzo (20 marzo de 1957) entre conservadores ospinistas y liberales, en donde se opusieron firmemente a la reelección de Rojas para el período siguiente y apoyaron las elecciones libres. Posteriormente, el pacto de Sitges (España), el 20 de julio de 1957, entre Lleras Camargo, Gómez y los Ospinistas, confirmó que los dos partidos compartirían el poder en partes iguales durante 16 años, la presidencia se alternaría entre los dos partidos y se realizaría un plebiscito. Finalmente, el pacto de San Carlos, firmado el 22 de noviembre de 1957, arregló las diferencias entre Ospina Pérez y Laureano Gómez —que había llegado de su exilio en España en octubre—, y acordaron que sería el Congreso el que elegiría el candidato conservador que iniciaría el Frente Nacional.

En el segundo paso, se reanudaron las elecciones del Congreso (Senado y Cámara) y cuerpos colegiales departamentales y municipales para establecer la composición de cada una de sus mitades, las cuales se realizaron el 16 de marzo de 1958. En esta ocasión y en todas las siguientes elecciones del Frente Nacional, cada partido presentaba sus listas para competir con otros miembros de su partido.

Si el partido político en turno hubiera estado idealmente unificado alrededor de un único candidato, no habría habido necesidad de elecciones para la presidencia ya que se sabría de antemano quien iba a ser el presidente siguiente; sin embargo, el Frente Nacional reglamentó la competencia entre candidatos de un mismo partido, dando un mayor aire de democracia.

Debido a que el conservatismo no logró ponerse de acuerdo en el candidato que empezaría el primer período de gobierno, decidieron conjuntamente y a último momento empezar con el candidato liberal, lo cual fue confirmado por el Congreso a través de un ajuste constitucional realizado ese mismo año, 1958, que además extendió la duración del Frente Nacional de 12 a 16 años.

En 1958, se reanudan las elecciones para la presidencia. En los comicios del 4 de mayo fue elegido Alberto Lleras Camargo como el primer presidente del Frente Nacional.

Durante el gobierno de Lleras Camargo se reafirmó la paridad entre los partidos. El Congreso de la República mediante el Acto Legislativo No. 1 de septiembre 15 de 1959 decretó:

Art. 1. En los tres períodos constitucionales comprendidos entre el siete (7) de agosto de 1962 y el siete (7) de agosto de 1974, el cargo de Presidente de la República será desempeñado, alternativamente, por ciudadanos que pertenezcan a los dos partidos tradicionales, el conservador y el liberal; de tal manera que el presidente que se elija para uno cualquiera de dichos períodos, pertenezca al partido distinto del de su inmediato antecesor. Por consiguiente, para iniciar la alternación a que se refiere este artículo, el cargo de Presidente de la República en el período constitucional comprendido entre el 7 de agosto de 1962 y el 7 de agosto de 1966, será desempeñado por un ciudadano que pertenezca al partido conservador (...).

El Frente Nacional marcó el fin de la violencia bipartidista que aquejó a Colombia por más de un siglo y generó la desmovilización de algunas guerrillas liberales. Sin embargo, continuaron los problemas sociales, económicos y políticos; y surgieron nuevos grupos guerrilleros a causa del inconformismo y de los nuevos rumbos ideológicos que se movían en América Latina. En 1964 nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El 7 de enero de 1965, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En julio de 1967, el Ejército Popular de Liberación (EPL). El 17 de enero de 1974, el M-19. Y en 1984, el movimiento indigenista Quintín Lame (MAQL).

A pesar de las limitaciones para que miembros de terceros partidos políticos pudieran aspirar a las corporaciones públicas, estos lograron colarse dentro de las corporaciones públicas presentando sus nombres en listas liberales o conservadoras, apoyándose en aquellos liberales o conservadores que buscaban votantes fuera de su partido o de aquellos que no estaban de acuerdo con el Frente Nacional. Los más notables fueron el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) liderado por Alfonso López Michelsen y apoyado por el Partido Comunista de Colombia (PCC), y en particular la ANAPO, fundada por el ex presidente Rojas Pinilla, en 1961. La ANAPO fue ascendiendo en votos y en miembros en cada cámara de elección en elección. En 1962 logró 6 representantes y 2 senadores mayoritariamente dentro de listas conservadoras. En 1964 logró 26 representantes. En 1966, con miembros en ambas mitades, ya empezaba a ser visto como una amenaza al Frente Nacional. En 1970 fue su apogeo logrando el 14% de los escaños liberales y 20% de los conservadores.

Las limitaciones eran mayores para los aspirantes a la presidencia que no pertenecían al partido al que le correspondía el cuatrienio. Eso no impidió que algunos candidatos no alineados se lanzaran a la presidencia a pesar de que podrían ser declarados nulos o ilegales, pues aspiraban a lograr una mayoría suficiente como para sobrepasar el Frente Nacional. Ese fue el caso del general Rojas Pinilla, quien logró 50.000 votos (1,8%) en las elecciones del 6 de mayo de 1962, una tercera parte de los votos totales en 1964, y se afirma que una mayoría de votos en la última elección del Frente Nacional, el 19 de abril de 1970, compitiendo contra el conservador Misael Pastrana Borrero.

Las acusaciones de fraude electoral tuvieron repercusiones fuertes al punto que los seguidores de la ANAPO perdieron la esperanza de lograr la presidencia y muchos de ellos tomaron la vía armada como medio de lograr cambios institucionales, formándose así el grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19).

Otro efecto del Frente Nacional fue la creciente apatía por las elecciones pues generó el sentimiento de que los resultados electorales estaban predeterminados. La mayor abstención se presentó en 1966 llegando al 55.5% de los votos para la Cámara y el Senado, y al 60.1% de los votos para la presidencia.

Uno de los beneficios del Frente Nacional fue la reducción de la polarización irracional de los seguidores de los dos partidos tradicionales. Para 1970, la identificación con alguno de los dos partidos había caído al 70% de la población adulta.

pero que todos son manipulados desde la sombra por los intereses de quienes tienen el poder económico suficiente para influir en sus nombramientos.

La Constitución de 1.886 facilitaba las prácticas clientelistas, que fueron acentuadas durante el fatídico período del Frente Nacional que para supuestamente evitar la confrontación de los partidos tradicionales, Liberal y Conservador, en un acuerdo salomónico, cada 4 años tenian derecho al poder absoluto, los gamonales regionales ampliaron su poder por medio de prácticas clientelistas que cubrían todos los estamentos del Estado, incluyendo profesores y médicos.

De acuerdo con la constitución vigente, Colombia es un Estado Social de Derecho organizado en forma de república unitaria con centralización política y descentralización administrativa, en donde el poder público se encuentra separado en tres ramas, legislativa, ejecutiva y judicial y diversos órganos de control como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o Ministerio Público, la Contraloría y las Veedurías Ciudadanas. El presidente ejerce como jefe de estado y de gobierno a la vez, delegando sus funciones a los ministros del despacho entre otros funcionarios nombrados que son de libre nombramiento y remoción. El parlamento bicameral es el Congreso de la República y está compuesto por el Senado (102 escaños en circunscripción nacional) y la Cámara de Representantes (166 escaños con circunscripción regional proporcional a la población de cada departamento y el distrito capital). Cinco de esos escaños pertenecen a sectores minoritarios como indígenas, afrocolombianos y colombianos en el exterior.

la Historia de los Grupos.

El sistema judicial colombiano incluye a la Corte Constitucional (encargada de velar por el respeto a la constitución), la Corte Suprema de Justicia (última instancia para materias civiles, laborales y penales), el Consejo de Estado (máximo tribunal contencioso administrativo) y el Consejo Superior de la Judicatura (encargado de la administración judicial). ‎ Según el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la Resolución 1959 del 26 de agosto de 2010, son doce los partidos políticos de Colombia. La política electoral de Colombia es controlada actualmente por el Consejo Nacional Electoral bajo las normas consagradas en la Constitución de Colombia. La Registraduría Nacional del Estado Civil es otro organismo electoral encargado de garantizar la organización y transparencia del proceso electoral. El voto programático obliga a los gobernantes a convertir sus propuestas de campaña o programas de gobierno en Planes de Desarrollo, que son a su vez acuerdos en los municipios y distritos, y ordenanzas a nivel departamental, y por lo tanto de cumplimiento obligatorio.‎

Los miembros de ambas cámaras legislativas son elegidos por voto popular para cumplir un período de cuatro años. El presidente, elegido con el vicepresidente mediante voto popular para un término de cuatro años, puede ser reelegido por una sola vez. El primer presidente reelegido con la constitución vigente fue Álvaro Uribe Vélez, a partir de la controvertida reforma impulsada por éste en 2004.

El manejo financiero del país entre los años 60 y 90.

Documento estractado de una publicación del Moir del que tomamos el factor historico, no asumimos las referencias ideológicas.

Las quiebras, los concordatos, los fraudes, las medidas intervencionistas del Estado, las fugas y los aprestamientos de banqueros, así como la pugna por la detentación del Banco de Bogotá, la toma de Colseguros por parte de los Santodomingo, la compra de Fabricato por Félix Correa, la estafa a los ahorradores de los fondos Grancolombiano y Bolivariano, y el rescate que pagó el “sindicato antioqueño” a Jaime Michelsen por la Compañía Nacional de Chocolates, hacen parte del turbión financiero que estremeció al país en los últimos años.

Un puñado de familias, asociadas al capital extranjero y favorecidas por altos estratos gubernamentales, constituyó los llamados “grupos”. Estos están compuestos por una amalgama infinita de empresas que captan el ahorro privado, reciben depósitos de particulares y de fondos oficiales, manejan el comercio exterior, sirven de intermediarios al capital extranjero y especulan con los valores bursátiles y con la propiedad raíz. El control de esos conglomerados les permite a sus dueños manipular enormes masas de dinero. En 1981, los activos de las entidades financieras superaron el billón de pesos. Con tal poder y convertidos en verdaderos buitres de la extorsión, estos Midas modernos terminaron por poner de rodillas a la economía colombiana.

El régimen de Belisario Betancur, heredero de la borrasca financiera que le dejara Turbay, adoptó abundantes medidas que, lejos de significar un freno a los desmanes de los grandes usureros y agiosistas, han servido más bien para avivar esta Babilonia del capital parasitario. Las tentativas por moralizar el proceso de monopolización del capitalismo o restringir las actividades del capital bancario sólo han dejado en claro la hipocresía y la inutilidad de tales intentos. Únicamente la confiscación de los expropiadores decidirá la prosperidad de Colombia y de su pueblo.

El cuatrienio de Turbay se despidió en medio de la borrasca de la crisis financiera que legó cual nefasto inventario a sus sucesores. Las quiebras, los concordatos, los fraudes, las medidas intervencionistas del Estado, las fugas y los aprestamientos de banqueros son, por así decirlo, el anverso del dramático cuadro; su reverso lo constituyen los cientos de miles de ahorradores, que ven, impotentes, como se esfuman sus pequeños o grandes capitales.

Atónito, el país viene presenciando desde mucho atrás la disputa endemoniada que sostienen los “grupos” en su afán por asegurarse el dominio de las grandes empresas colombianas. Tras este propósito los conglomerados pasan por encima de la ley, violan las normas de los organismos de vigilancia creados por el gobierno, estafan a los rentistas y reciben cuantiosos préstamos de fondos oficiales para efectuar sus negocios o cubrir sus desfalcos.

La pugna por la detentación del Banco de Bogotá; la toma de la Compañía Colombiana de Seguros –Colseguros- y del Banco Comercial Antioqueño por parte de los Santodomingo, la venta de ese banco a Jaime Mosquera Castro y luego su intempestivo retorno a los dueños anteriores; la compra de Fabricato por Félix Correa, y la recuperación de la Compañía Nacional de Chocolates por el llamado “Sindicato Antioqueño” de manos de Jaime Michelsen Uribe, pusieron de fraudulento los manifiestos manejos que estremecieron las altas esferas de la nación. El gobierno de Betancur, para conjurarlos, decretó la emergencia económica, nacionalizó el Banco del Estado y emitió más de 13.000 millones de pesos con que subsidió los desmanes de la oligarquía.

Los fabulosos negociados entre los oligopolios contrastan con la recesión en que están sumidos los productores. En tanto los bancos y corporaciones obtienen ganancias inimaginadas, las cifras del crecimiento económico de Colombia en los dos últimos años son las más bajas desde 1960. La inflación y el desempleo continúan degradando la ya precaria situación de los desposeídos de la producción nacional se arruina como consecuencia de la pérdida de su mercado frente a los géneros foráneos y ahogada por un crédito caro.

Desarrollo del capital usurario La concentración de grandes capitales se ha venido dando en Colombia a través del control, en unas pocas manos, de una serie de entre financieros. La formación de los “grupos” puede situarse al comienzo de la década del sesenta con la aparición de las corporaciones financieras y de las sociedades administradoras de inversión. Si bien la banca data del siglo pasado, a principios de la presente centuria todavía era débil, carecía de estructura legal y prestaba servicios reducidos. Algunos establecimientos hasta emitían su propia moneda.

Sólo en 1923, por recomendación de la Misión Kemmerer, se expidieron la Ley 25 Orgánica del Banco de la República y la Ley 45 que delimitó la actividad bancaria y creó la Superintendencia como organismo de control y vigilancia. A 1927 se remonta la Ley 105 que trata sobre as compañías de seguros y, en 1947, aparecieron las sociedades de capitalización.

Las corporaciones financieras fueron reglamentadas por el Decreto 2369 de 1960. Además de conceder crédito a mediano y largo plazo, pueden invertir en cualquier sociedad comercial, agropecuaria, industrial, de servicios, etc., lo cual les está vedado a los bancos. Los fondos de inversión, manejados por sus respectivas sociedades administradoras, captan recursos de la comunidad, a través de la venta de “unidades de inversión”, para negociar con acciones y otros valores bursátiles. Los bancos, las compañías de seguros y sus filiales, las sociedades de capitalización, crearon entonces corporaciones financieras y sociedades administradoras. Ya hacia 1970 la oligarquía había completado los instrumentos jurídicos necesarios para captar ahorro y canalizar los dineros del erario, las inversiones directas y los préstamos extranjeros. Con dichas sumas los grandes financistas, además de monopolizar el comercio exterior, estrangulan la producción mediante el crédito oneroso y se adueñan de toda clase de empresas.

La entronización del agio Faltaba una sola cosa; que los intereses subieran y aún sobre pasaran el ritmo de la inflación. En 1972 se instaura el sistema de ahorro conocido como Upac – unidad de poder adquisitivo constante – y surgen las corporaciones de ahorro y vivienda.

En 1976 López Michelsen no sólo consolida las Upacs, despejando toda duda sobre su legalidad, y da rienda suelta a los créditos usurarios y a la especulación con la propiedad raíz, sino que en términos generales “upaquiza” toda la economía. A las corporaciones las autoriza para fijas los intereses a su arbitrio y les amplia sus atribuciones a fin de que compitan con los bancos en la obtención de recursos, y a éstos les facilita dadivosamente las operaciones de exportación e importación. Al estatuir la “colombianización” de la banca extranjera, estrecha aún más los lazos entre la oligarquía criolla y los banqueros americanos, a los cuales permite revalorizar por diez y más veces sus activos en el momento de convertirse en socios del capital interno, otorgándoles súbitas y pingues ganancias. Abre la “ventanilla siniestra” en el Banco de la República, por donde se legaliza gran parte de los dólares del narcotráfico. Y para colmo, su gobierno se mostró generoso hasta la frescura con las sociedades de parientes y allegados, como en el ruidoso caso de los cientos de millones del Fondo Nacional del Ahorro, que terminaron siendo depositados en las Cajas del Bancos de Colombia, de su primo Jaime Michelsen, contra claras y precisas disposiciones que prohíben la colocación de estás cuentas oficiales en entidades bancarias privadas.

Prosiguiendo la labor de fortalecimiento del dinero parasitario, el gobierno continuista de Turbay Ayala liberó las importaciones, incrementó la financiación del comercio exterior, duplico los ya duplicados intereses y les echo más leña a la hoguera del costo de la vida. Con el Decreto 1970 de 1979 reglamentó las compañías de financiamiento comercial y, con el 148 de ese mismo año y el 2059 de 1981, dio vida a las sociedades que arriendan activos fijos (leasing) y a las que compran cartera (factoring).

La rebatiña de los buitres Fue así como un puñado de familias, asociadas al capital extranjero, favorecidas por los altos estratos gubernamentales y convertidos en verdaderos buitres de la extorsión, terminó poniendo de rodillas a la economía colombiana. Un conglomerado está compuesto por compañías de seguros, sociedades de capitalización, administradoras de inversión, urbanizadoras, inmobiliarias, bancos, almacenes generales de depósito, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, corporaciones de ahorro y vivienda, firmas de comercio exterior y otra gama infinita de empresas adicionales.

El control del grupo les permite a sus dueños manejar enormes masas de dinero representadas en las consignaciones oficiales y particulares, tales como cuentas corrientes, ahorros y depósitos a término; importes de miles de pequeños rentistas captados por las cedulas de capitalización y las unidades de inversión; reservas técnicas, producto de la venta de pólizas de seguros; redescuentos del Banco de la República, provenientes en parte del endeudamiento externo, sumas de los inversionistas extranjeros asociados a la banca colombiana, y líneas de crédito especiales del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo o de la Corporación Financiera Internacional. Asimismo, por sus arcas pasan las astronómicas cifras provenientes del narcotráfico, que estas instituciones “lavan”, de una u otra forma, e introducen a la corriente monetaria. A lo anterior hay que agregar las jugosas ganancias que año tras año reciben de sus actividades especulativas en la bolsa, el comercio, la construcción, etc.

Y como si esto no bastara, disfrutan además de franquicias para burlar las obligaciones referentes a la suscripción de acciones, las normas que prohíben la adquisición de sociedades con los ahorros del público y las medidas que regulan los préstamos del Estado, con los que atienden sus tejemanejes bursátiles.

Con tan considerable poder y ante una economía señalada por la bancarrota, el atraso, la pequeñez del mercado y la relativa dificultad para acumular capitales, estos esquilmadores de la producción nacional se apoderan de las viejas factorías, sin intentar siquiera instalar otras nuevas, aprovechándose y agravando la crisis de un país en el que las inversiones productivas rentan muy poco, o ya no rentan, y en el que el agio, la usura y la especulación son los negocios lucrativos por excelencia.. Es así como los Santodomingo caen sobre Imusa, Cervecería Unión, Avianca, Colseguros, Banco Comercial Antioqueño, etc. Michelsen lo hace con Cine Colombia, Simesa, Nacional de Chocolates, Cementos Argos, Coltabaco, entre otras; Félix Correa, en Seguros Colombia, Banco Nacional, Fabricato, Vicuña; Luis Carlos Sarmientos Angulo, el de la Corporación las Villas y el Banco de Occidente, sobre el Banco de Bogotá, Lux, RCN; Jaime Mosquera Castro forja el “Grupo del Estado”, y Germán de la Roche, el “Central”, que abarca Seguros Atlas, Banco de Caldas y Tejidos Única. En esta danza de los millones participa incluso la comunidad de los jesuitas, propietaria de la Caja Social de Ahorros, Colmena y Cenpro Televisión, y que compró recientemente la Corporación Financiera de Occidente.

Ofreciendo altos intereses a las sumas depositadas en sus empresas, Félix Correa reunió una gran masa de dinero. Se hizo autopréstamos que excedieron los 14.000 millones de pesos contando con la complicidad de la Superintendencia Bancaria, la cual, pese a conocerlas turbias maquinaciones desde años atrás, las dejaba en la impunidad. Así fue como el señor Correa extendió su dominio sobre Seguros Colombia, Banco Nacional, Vicuña y Fabricato, logrando aglutinar en su grupo alrededor de 70 sociedades. La intervención que hiciera el superintendente Morris Ordóñez en Financiera Furatema, en junio pasado, repercutió en el Banco Nacional. Sin embargo, la avidez de don Félix llegó hasta el extremo de utilizar para sí un sobregiro de 2.000 millones de pesos que concedió el Emisor para que su banco respondiera a los retiros masivos del público.

Esta estafa y muchos más delitos suyos que han ido surgiendo a la luz pública, los indebidos autopréstamos, el fraude al Banco de la República con cheques sin respaldo y contra bancos de Estados Unidos y Alemania, etc., determinaron que el juez 30 penal del circuito de Bogotá dictara auto de detención contra el financista y otros directivos de sus empresas.

La acción de la superintendencia en el Grupo Colombia (Financiera Furatema, Banco Nacional, Corporación, Financiera Antioqueña, Financiera Colombia y otras), así como la liquidación de las sociedades familiares “Correa y Correa” y “Correa Acevedo”, pusieron al descubierto infinidad de violaciones a la ley y la práctica generalizada de los autopréstamos sin respaldo de ninguna clase, que tenían por objeto engullirse otras compañías.

Sin terminar el escándalo sobre el emporio de Félix Correa, surge el de su sobrino, Darío Correa, cabeza del denominado “Grupo Oro” (Inversiones Oro, Seguros Antioquia, etc.), quien posteriormente huye al Brasil con su familia y cientos de millones de pesos.

En agosto viene la estampada. Varios intermediaros financieros, entre ellos Darío Sanín Vergara, Juan Evangelista Olarte y los propietarios de “Giraldo Franco y Cia”, abandonan Colombia, las valijas repletas con el fruto de los ahorros de sus victimas.

La “respetable y centenaria” firma bogotana “Camacho Roldán”, que también había exhibido el señuelo de los altos intereses para captar dinero, ante la imposibilidad de atender sus compromisos, se declaró en concordato y dejó en la estacada a miles de depositantes.

A fines del mismo mes las autoridades tienen que intervenir al “Grupo Santa Fe”. Lo formó un antiguo socio de Félix Correa, Octavio Martínez, quien en 1980 compró la Corporación Financiera de las Américas y la Compañía de Financiamiento Comercial, Financol. Un año más tarde adquirió la Financiera Gercol, que estaba en quiebra. El conglomerado de Octavio Martínez lo constituían 41 empresas, la mayoría de sus depósitos provenía de cuentas oficiales, prioritariamente del Distrito Especial, y, conforme a la usanza, se concedía auto créditos sin garantía real.

Entre el 17 de junio y el 30 de agosto del año pasado de cerraron por suspensión de pagos treinta y cuatro entidades financieras.

En septiembre comienza la recogida, Jaime Mosquera Castro, que había adquirido un buen paquete de acciones del Banco del Estado, mediante préstamos hechos por esta misma entidad que ya estaba bajo su control, y para lo cual suplantó personas, falsificó firmas y alteró documentos públicos, terminó acompañando a don Félix en los calabozos del DAS. Igual suerte corrieron Eduardo Uribe Uribe (vicepresidente del Banco Nacional y ex vicepresidente del Banco del Estado), Jorge Castro, Iván Amaya Villegas (presidente del Banco Nacional), Gabriel y Fernando Camacho, Eduardo Uribe de Narváez (presidente de Central Leasing), Jaime Uribe Carriazo (gerente de Inmobiliaria la Roche), Gustavo Mendoza Vargas (vicepresidente del Banco Nacional), Carlos Zambrano Ulloa (ex viceministro de Minas y Energía, accionista del Banco del Estado), José Muñoz Turbay y Fabio hurtado (del Grupo Colombia) y otros más.

Pese a que Mosquera Castro estuvo envuelto en la liquidación fraudulenta del Unibank de Panamá, vinculado a la mafia norteamericana, Morris Ordoñez no sólo levantó el veto de la Superintendencia que sobre aquel pesaba, a fin de posesionarlo como presidente del Banco del Estado, sino que años más tarde dio el visto bueno para que adquiera el Banco de Kalb, en Georgia, Estados Unidos.

Las denuncias de la prensa sobre esos episodios bochornosos motivaron el retiro masivo de depósitos del Banco del Estado, que se fue a pique a pesar de los 4.000 millones de pesos que le entregara Betancur a fines de agosto para mantenerlo a flote. A la postre la emisión sobrepasó los 13.000 millones, que tampoco bastaron, y el régimen no tuvo más remedio que decretar la emergencia económica, nacionalizar la institución y asumir sus multimillonarios compromisos. Una de las más trapaceras y costosas nacionalizaciones en los anales de Colombia.

Los fraudes, propiciados y estimulados por los regímenes de López y Turbay, continúan aflorando. A mediados de noviembre Germán de la Roche, que había montado su emporio con Central Financiera, Seguros Atlas, Banco de Caldas, Inmobiliaria la Roche, Tejidos Única, etc., solicita a las autoridades intervengan la primera de las sociedades mencionadas y pongan en concordato preventivo a varias de sus empresas. Un día antes de que se le expidiera la correspondiente orden de captura, de la Roche huyó del país.

Los corruptos antecedentes El capital financiero, que no es más que la centralización de los recursos monetarios por parte de contadísimas entidades, supone no sólo la prerrogativa de conocer la situación real y las verdaderas posibilidades de los diversos capitalistas; sino la omnímoda atribución de supervisarlos y decidir plenamente sobre sus planes y transacciones. Quien regenta el crédito sin cortapisas de ninguna índole, determina la suerte de los deudores, hasta el extremo de fijarles el campo de acción, los límites de ésta y el tope de la ganancia; concede o niega la opción de sobrevivir en el mundo de los negocios. A la industria no le queda otra que someterse a los designios soberanos de una cuadrilla de grandes financistas. Es frecuente que la banca, por intermedio del entramado de sus instituciones subsidiarias, acapare paquetes considerables de acciones de una firma, con el objeto de coaccionar a los antiguos propietarios, obligándolos a rescatar los papeles a un valor ficticio mayor, o a sufrir la contingencia de perder el dominio sobre la empresa en cuestión.

También es de uso común el llevar al borde de la quiebra a los productores, para luego exigirles como pago de los préstamos usurarios la propiedad de sus factorías. Quince compañías que en 1981 tramitaban concordatos por más de 2.000 millones de pesos, debían a los bancos 1009 millones, a las corporaciones financieras 700 y 200 a las compañías de financiamiento comercial.

Los casos de los banqueros privados de la libertad o de los que se fugan no son los únicos en la orgía de los financistas. En los debates que se presentaron en el Congreso, el año pasado, surgieron de nuevo los ilegales manipuleos de los fondos Grancolombiano y Bolivariano.

Varias empresas de Jaime Michelsen se apoderaron a principios de 1980 de 14 millones de acciones de la Nacional de Chocolates. Violando las normas sobre la materia y haciendo uso ilícito del juego de la bolsa para fijar los precios que se acomodaron a sus deseos, lograron timar en cientos de millones de pesos a numerosos incautos, quienes depositaron sus ahorros en los mencionados fondos.

La venta de valores que provocara el retiro masivo de dineros del Grancolombiano y del Bolivariano, también fue mañosamente aprovechada por Michelsen, con la necesaria complicidad de sus allegados en el Poder. La Junta Monetaria, transgrediendo disposiciones legales, le concedió al Banco de Colombia un rédito extraordinario por 900 millones pesos. Con dicho crédito se financiaron las empresas del pulpo expoliador para adquirir de los fondos los títulos que éstos poseían, a precios de realización.

Pero el tráfico de los papeles de la Nacional de Chocolates no sirvió únicamente para despojar a miles de pequeños ahorradores. Poseedor de una considerable parte del capital social de esa compañía, el conglomerado se convirtió en un peligro para los intereses de los industriales antioqueños. Como contaba además con derechos en Coltabaco. Noel, Argos y Suramericana, amenazó con dominar el emporio financiero que gira alrededor de Suramericana de Seguros, la Corporación Financiera Nacional y el Banco Industrial Colombiano. Los empresarios antioqueños constituyeron lo que ellos mismos denominaron el “sindicato”, a fin de recuperar el terreno perdido.

Reunieron sus haberes y, como rescate por sus industrias, le entregaron al “Grupo Grancolombiano” fincas, lotes, compañías y efectivo, todo por un valor de 2.600 millones de pesos. Tan turbio y vertiginoso le reporto, a quien había estafado con los fondos, una utilidad de 1.300 millones.

La lucha por el dominio de las empresas se generalizó. El “Sindicato” no había logrado reponerse de las cuantiosas erogaciones hechas para recuperar el control de algunas de sus industrias y del complejo financiero de Suramericana, cuando recibió el zarpazo de Santodomingo. Este le arrebato Colseguros, la más grande de las aseguradoras del país y, con ella, la Corporación Financiera Colon, Inversiones y Créditos Colseguros, Banco Comercial Antioqueño, Almagran y otras filiales. Luego le vendió el Banco a Jaime Mosquera Castro, negocio que tuvo que revertirse ya que el comprador fue cogido in fraganti en las delictuosas anormalidades atrás descritas.

Posteriormente vinieron los intentos de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo por apoderarse del Banco de Bogotá, institución insignia del grupo de Seguros Bolívar y Cementos Samper. En las bolsas de Bogotá y Medellín se realizaron transferencias de papeles de ese banco por más de 5.000 millones de pesos. Aquí tampoco faltaron las denuncias sobre infracciones a las normas que regulan el mercado bursátil y la vana y consabida manifestación de las autoridades de abrir exhaustivas investigaciones para averiguar la procedencia de las enormes cantidades de dinero que entraron en juego. Lo que si quedo claro fue la actualización de las divisas provenientes del crédito externo, concedido a Cementos Samper para ensanchar la fábrica, en la compra de 6 millones de acciones. De todas maneras los primitivos dueños conservaron, por un estrecho margen, el dominio del banco.

La artificiosa vigilancia oficial La Comisión Nacional de Valores, creada hace apenas tres años, tiene como función la de vigilar la compra y venta de acciones de las sociedades, en un pretendido intento por evitar la concentración del capital. En febrero de 1981, su entonces presidente Hernán Echevarria, pidió que se adelantará una pesquisa de índole penal contra los fondos Grancolombiano y Bolivariano, aduciendo que se manipuló, en el caso arriba referido, el mercado de la Bolsa de Bogotá para variar engañosamente los precios de los títulos de la Nacional de Chocolates. Como el principal sindicato ha sido un poder real detrás del otro, la denuncia causo gran revuelo, hasta llegar a un estruendoso debate en el Congreso. El gobierno anterior movilizó sus fichas y el ex ministro de Desarrollo, Andrés Restrepo, no sólo no apoyo al presidente de la Comisión de Valores, sino que, incluso, lo acuso de “haber roto la reserva bancaria” por publicar la resolución que pedía la investigación. Aunque Michelsen y el gerente de Graninversion fueron absueltos por la justicia ordinaria en septiembre de 1981, dos meses más tarde la subcomisión senatorial insistió en la denuncia penal contra ellos. Un año después, el mismo Senado a firmó que la Superbancaria “fue negligente” en el mencionado caso. En octubre pasado el Tribunal Superior de Bogotá reabrió el proceso por la presunta comisión de los delitos de estafa y pánico económico.

La inanidad de la Comisión de Valores se puso de manifiesto oficialmente cuando en declaraciones a “El Tiempo”, en octubre 20 de 1981, su presidente, consultado sobre las acciones que emprendería en relación con la puja que se daba por el Banco de Bogotá, manifestó: “Yo contra eso no puedo pelear. Yo no puedo hacer nada contra los monopolios”.

En noviembre pasado el superintendente bancario de la nueva administración. Germán Botero de los Ríos, ante la imposibilidad de responder satisfactoriamente el cuestionario del Senado sobre el Grupo Grancolombiano, concluyó cínicamente su intervención diciendo: “Me fue mal en el examen”.

Con sus copiosas medidas adoptadas en el corto plazo de cinco meses, el régimen de Belisario Betancur, lejos de significar un freno a los desmanes de los grandes usureros y agiotistas, ha terminado por avivar esta Babilonia del capital parasitario en que se ha convertido Colombia.

Su primera incursión en el tenebroso mundo de las finanzas consistió en hacerse cargo de las deudas de los defraudadores del ahorro, para lo cual puso a funcionar, día y noche, la maquinita de emisión del Banco de la República. En vista de los retiros masivos ocasionados por la pérdida de confianza entre el público, creó un fondo con los dineros de los establecimientos nacionales y entidades descentralizadas para solventar la falta de captaciones del sector privado. A éste le rebajó, además, los intereses que tiene que pagar sobre los créditos ordinarios y extraordinarios concedidos por el Emisor. Estableció una línea de recursos especiales con la cual los bancos redescuentan las obligaciones que con ellos contraen las compañías de financiamiento comercial. A las corporaciones les aumentó también el cupo de redescuento hasta el ciento por ciento de su capital pagado y reserva legal ya de otra parte, las autorizó para que adjudicaran préstamos a las compañías de arrendamiento financiero. Incrementó los rendimientos de las corporaciones de ahorro y vivienda, al elevar el tope de la corrección monetaria, y anunció que les prestaría a las entidades financieras para que puedan adquirir acciones de las sociedades anónimas.

No contento con lo anterior, el 23 de diciembre decretó por segunda vez la emergencia económica. Con base en ella rebajo los impuestos, tanto a las sociedades anónimas como a los accionistas, y eliminó en la practica la tributación de las ganancias ocasionales, concesiones ambas que favorecen al sector financiero. Como una de las principales fuentes de las utilidades de los “grupos” radica en especular con la revalorización de sus activos, y como les resulta embarazoso justificar la procedencia de las astronómicas cantidades que mueven en sus transacciones, o sea de la plata que facilita la llamada “economía subterránea” del narcotráfico y el contrabando otorga la amnistía patrimonial.

La confiscación decide En resumen, todo este enmarañado tráfico fiduciario, seguido de denuncias penales, abdicaciones de los supervisores del gobierno, promesas sobre “investigaciones exhaustivas” y bloqueos económicos contra los periódicos impertinentes, deja en claro la hipocresía de pretender moralizar el proceso de monopolización del capitalismo, o de restringir el acaparamiento de las riquezas, en lugar de expropiar a los expropiadores.

Las empresas agrícolas e industriales, los pequeños rentistas y los usuarios de vivienda costeada con Upacs, que luchan por no perecer triturados entre los piñones del engranaje financiero, palpan cada día mejor algo que ha sido axiomático para las capas más esclarecidas del movimiento obrero: que no existen, ni existirán, dentro del sistema neocolonial y semifeudal prevalecidote, normas legales ni preceptos éticos capaces de contener o siquiera atemperar, la desbocada carrera de los expoliadores criollos y sus amos imperialistas por adueñarse del país. Los proyectos de reformas tendientes a morigerar el atesoramiento o a proscribir de las operaciones bancarias la trapacería que las caracteriza, no dejarán de ser fútiles intentos por darle categoría social a la rebatiña y a la podredumbre.

La constante centralización de los capitales en unas pocas manos, canon infalible de la sociedad burguesa, que llega a su máxima expresión en la época del imperialismo, continuará imponiéndose ciegamente en Colombia, hasta cuando el saqueo de los consorcios extranjeros y sus intermediarios con el consiguiente receso de la producción nacional y demás calamitosos efectos, concluya inclinando a las inmensas mayorías del pueblo a favor de los postulados de la revolución. Entonces se verá nítidamente que a los monopolios, para ponerlos al servicio de la prosperidad colombiana, hay que confiscarlos; y que los reformistas, empeñados en maquillar la voracidad de los magnates de la banca y de los truts, no son más que unos lobos con piel de oveja, acaso más traidores y peligrosos que los defensores de oficio del régimen.

 

 

 

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